Análisis

 

Ley de Pensiones vigente (Seguro Social Obligatorio)

El régimen de largo plazo del Seguro Social Obligatorio fue reformado con la Ley de Pensiones Nº 1732, para las prestaciones de Vejez, Invalidez, Muerte y Riesgos Profesionales.

Los fondos de pensiones son administrados por las AFP que ganaron la licitación pública internacional, cumpliendo con estrictos requisitos de solvencia, experiencia, giro exclusivo y garantía adecuada. Los fondos administrados son el Fondo de Capitalización Individual (FCI) y el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).

El FCI está compuesto por las cuentas individuales conformadas con el aporte del diez (10) por ciento de los salarios de los trabajadores, destinados al ahorro previsional para financiar una pensión de jubilación, mediante la modalidad de Mensualidad Vitalicia Variable o Seguro Vitalicio.

 

El ahorro individual de los afiliados, a diciembre de 2007 llegó a más de US$ 3.000 millones de dólares.

Las AFP contratan un seguro con el propósito de otorgar cobertura de invalidez y muerte a consecuencia de Riesgo Común o Riesgo Profesional, para los afiliados del Seguro Social Obligatorio. 

Los regímenes de capitalización individual consisten en la acumulación de los aportes previsionales en cuentas individuales, administradas por AFP, cuyo saldo que incluye la rentabilidad, es utilizado para financiar la pensión de jubilación. El sistema de capitalización individual es de cotizaciones definidas, el monto de la pensión está directamente relacionado con los años de aportes efectivos, con el rendimiento de la inversión de los recursos contenidos en los fondos de pensiones  y con el promedio de ingresos que se considere para calcular el monto de la prestación.

Inversiones

Las AFP solo pueden invertir en títulos valores y límites establecidos en la norma, respetando los criterios de diversificación, rentabilidad y seguridad. 

Afiliación y Contribuciones

La afiliación al sistema es obligatoria para los trabajadores que presten servicios con relación de dependencia laboral y para los independientes es voluntaria. 

Los afiliados dependientes aportan el 10% de su Total Ganado, destinado a su cuenta individual para financiar su pensión de  jubilación; el 1.71% al pago de la prima de seguro de Riesgo Común para la cobertura en caso de muerte o invalidez,  causados por accidente o enfermedad de origen no laboral; y el 0.5% de su salario, a la comisión para la AFP por el servicio de afiliación, recaudación y administración de las Cuentas Individuales.

El empleador con sus propios recursos aporta el 1.71% del Total Ganado del dependiente, destinado al pago de la prima de seguro de Riesgo Profesional, para la cobertura en caso de muerte o invalidez causados por accidente o enfermedad de origen laboral.

El máximo Total Ganado para la cotización en forma obligatoria, es de sesenta salarios mínimos nacionales. Los afiliados independientes aportan los mismos porcentajes sobre su Ingreso Cotizable

  y voluntariamente pueden cotizar el 1.71% para Riesgo Laboral, para la cobertura en caso de muerte o invalidez causados por accidente o enfermedad profesional.

Los aportes son recaudados por las AFP a través de las entidades del sistema financiero nacional.

Prestaciones 

Las prestaciones establecidas en el Seguro Social Obligatorio son las siguientes:

Pensiones vitalicias de jubilación para el afiliado.

Pensiones vitalicias para el conyugue, en caso de muerte del afiliado.

Pensiones temporales para los hijos, hermanos o padres, en caso de muerte del afiliado.

Pensiones de invalidez por Riesgo Común.

Pensiones de invalidez por Riesgo Profesional.

Pensiones por muerte, por Riesgo Común o Riesgo Profesional (si el afiliado fallece y no tiene derechohabientes con derecho a pensión, sus aportes más la rentabilidad ganada en su Cuenta Individual -masa hereditaria-  quedan como herencia de conformidad con el Código Civil).

Un pago de Gastos Funerarios al fallecimiento del afiliado.

Las Pensiones de jubilación, invalidez y muerte, por Riesgo Común y Riesgo Profesional, tienen mantenimiento de valor a la Unidad de Fomento a la Vivienda

. Al 31 de diciembre de 2007, más de 40.000 personas recibieron mensualmente prestaciones del nuevo sistema.

Estado de Cuentas

Es el documento que la AFP envía semestralmente a sus afiliados, donde se registran todos los movimientos de su Cuenta Individual, sirve para que el trabajador conozca cuánto dinero acumulado tiene para su jubilación (aportes del 10% más la rentabilidad), sepa el número de primas aportadas para RC y RP, controle el manejo que la AFP hace de sus ahorros previsionales y verifique si su empleador pagó los aportes. El nuevo sistema  de pensiones es un régimen transparente.

Costo administrativo

La AFP no puede disponer de los recursos que conforman el FCI, sólo los administran como un patrimonio autónomo, es decir, como un fondo totalmente separado del capital de la administradora.

La gestión de los recursos que realiza la AFP implica un costo para el afiliado al SSO, que es inferior al asumido en el Sistema de Reparto, que se desglosa en las comisiones por los siguientes conceptos:

Afiliación, descontada directamente del salario del trabajador (0.5%). 

Pago de beneficios, descontada de la pensión del afiliado (1.32%).

Administración de portafolio, descontada del total de los recursos de los fondos. 

Custodia, descontada del total de los recursos que conforman los fondos.

Control y Regulación

La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), controla diariamente el manejo de recursos que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tarea que se realiza desde que comenzó a funcionar el nuevo Sistema en 1997. A través de este control diario, la SPVS tiene conocimiento de los montos recaudados, (origen de los fondos) de las inversiones que las AFP realizan con estos recursos y del pago de beneficios (destino de los fondos).

La información es supervisada y controlada por la SPVS a través de inspecciones a las AFP. La Superintendencia verifica diariamente, que las inversiones que las AFP efectúan con los recursos del afiliado, se realicen en el marco de lo establecido por las normas legales otorgando seguridad y rentabilidad, verificando que los valores cuenten con calificación de riesgo.

Proyectos de modificación de la Ley de Pensiones

Los proyectos que están siendo objeto de análisis entre la COB y el Gobierno Nacional son:

Confiscatorios de los aportes de mas de un millón de ciudadanos bolivianos afiliados en las AFP.

Pueden traer como consecuencia juicios millonarios de las AFP en contra del Estado Nacional.

Los ciudadanos bolivianos nos quedaríamos sin las garantías que las AFP han dado al Estado Nacional y que amparan los fondos de pensiones que administran. Cada AFP ha presentado una garantía de ochocientos millones de dólares a favor del Estado que se encuentran en las bóvedas del Banco Central de Bolivia.

Consideran una disminución de la edad para jubilación que responde a consideraciones netamente políticas y que afectarían de manera significativa el costo fiscal de pensiones.

En el Sistema de Reparto al que se quiere volver con el proyecto de la COB, la disminución de la edad de jubilación tiene un efecto doble en el sistema, por una parte, significa menos años de aportes y por otra, más años de jubilación que pueden provocar la quiebra técnica del sistema.

Se pretende volver al Sistema de Reparto reeditando la mala experiencia que ha significado millonarios fraudes a la seguridad social en la administración estatal en el pasado.

No cuentan con un adecuado Estudio Matemático Actuarial, imprescindible para determinar el monto de los aportes y el alcance de las prestaciones.

 

El Estudio Matemático Actuarial que pretende sustentar el proyecto de modificación a la Ley de Pensiones es absolutamente insostenible debido a que:

Es incompleto porque no cuenta con la Nota Técnica imprescindible.

Sobreestima los aportes para esconder el déficit técnico en el cálculo: 

Incluye el hecho de que los jubilados sigan aportando aún después de estar percibiendo pensión.

No considera la baja de cotizantes por fallecimiento y 

Tampoco por razones de cesantía.

El cálculo de la rentabilidad de inversiones para los próximos 20 años, contiene significativos errores de subestimación que alcanzan  aproximadamente a un mil millones de dólares.

Incorpora aportes estatales por dos mil millones de dólares para cubrir prestaciones de carácter concesional, indexados con mantenimiento de valor que significan déficit fiscal.

Compromete los recursos y sus rendimientos que actualmente garantizan las pensiones en curso de pago.

Presenta omisiones de cálculo de reservas que solo para los próximos 20 años superan un mil trescientos millones de dólares.

 

Por tanto, los proyectos de modificación de la Ley de Pensiones:

Son confiscatorios pues afectan a los actuales cotizantes expropiando los aportes y el ahorro individual de mas de un millón de ciudadanos bolivianos.

Comprometen las pensiones actualmente existentes de mas de cuarenta mil personas que cada mes reciben sus pensiones de vejez, invalidez y muerte.

No garantizan el pago de pensiones futuras para los actuales aportantes y 

Provocan un creciente déficit fiscal.

 

22 de Julio de 2008 

 

 

 

El sistema de pensiones: clave del desarrollo

 

Quienes hemos analizado alguna vez lo que fue el sistema de pensiones y hemos seguido de

cerca su cambio y su desenvolvimiento en los últimos 10 años, expresamos nuestra profunda

preocupación por el tono ideologizado y prejuicioso del debate actual, impulsado por las

demandas de la burocracia sindical y alentado por las promesas demagógicas de algunos

dirigentes políticos.

 

1. El sistema de reparto, al que ahora algunos quieren volver, fracasó a pesar de sus buenas

intenciones. No fue nunca universal ni solidario. Al contrario, fue útil solamente para una parte

reducida de la población y excluyó a las mayorías, absorbiendo millonarios subsidios con los

cuales se rellenaban, una y otra vez, los agujeros creados por la corrupción y la ineficiencia. Es

preciso que recordemos lo que fue aquello.

 

2. El sistema de reparto contó casi siempre con el denominado control social. En lugar de

garantizar transparencia y responsabilidad, derivó en un mecanismo a través del cual las

burocracias sindicales pudieron disponer como propios los recursos de sus afiliados, a veces

para financiar campañas políticas y a veces simplemente para hacer negociados. Es necesario

superar definitivamente ese pasado.

 

3. La reforma del sistema de pensiones fue estudiada durante varios años y al final se puso en

marcha a través de una licitación internacional transparente. El Estado nunca perdió ni el

derecho ni la obligación de defender a los ciudadanos, pues para eso se creó un mecanismo

técnicamente idóneo y ajeno a la pugna política inmediata: la Superintendencia de Pensiones.

Lamentablemente, la desconfianza en este mecanismo, motivada por razones políticas, lo ha

debilitado dejándolo en manos de ejecutivos interinos que, por esa razón, no tienen la fuerza

necesaria para imponer el pleno respeto a la ley. Es necesario regularizar y fortalecer la

Superintendencia de Pensiones.

 

4. Los costos de la reforma han sido elevados, sobre todo cuando se cedió a las presiones

políticas y sociales que aceleraron el ritmo de las jubilaciones. Esos costos ya se están

pagando y aumentarlos sería gravar injustamente a las futuras generaciones con los errores de

la presente. Es imperativo evitar nuevas y costosas improvisaciones.

 

5. El sistema de pensiones solamente puede ser adecuadamente evaluado en el largo plazo.

Nos tomó 50 años superar el anterior sistema, y los 10 años del actual nos muestran que, a

pesar de los problemas de gestión política que se produjeron, se han alcanzado significativos

logros:

 

a. Ha aumentado la cobertura del sistema.

b. Se ha abierto la jubilación a los trabajadores independientes.

c. Se ha establecido un sistema transparente de ahorros, pues ahora, en cualquier momento,

es posible saber lo que cada persona ha depositado, lo que ha ganado en intereses, lo que

maneja en su conjunto la AFP y dónde ha invertido el dinero.

d. Se han reducido los costos de administración (en Bolivia los costos son los más bajos de

América Latina, tomando en cuenta sistemas administrados por fondos privados y por públicos)

e. Se han reducido al mínimo los riesgos de corrupción individual o colectiva.

f. Se ha creado un fondo de recursos que ha financiado al Estado en sus momentos de mayor

necesidad, y que podría financiar inversiones y creación de empleo a medida que las empresas

demuestren seriedad para prestarse los ahorros de largo plazo de los bolivianos.

Es imperativo defender estos avances.

 

6. La reforma propuesta por la COB no solamente plantea un regreso al bochornoso pasado

que degeneró en la bancarrota del sistema anterior, sino que plantea cargar al Estado, y por

tanto a todos los bolivianos, los millonarios costos de hacerlo. La Superintendencia, a pesar de

las dificultades que enfrenta, se ha pronunciado ya denunciando la insostenibilidad de la

propuesta planteada por la burocracia sindical. Es fundamental que respaldemos ese

pronunciamiento, rechazando la presión de una cúpula insensible y retrógrada que está

ejerciendo presión sobre un Gobierno debilitado por sus propias promesas a los grupos de

presión.

7. El sistema de pensiones es vital para el desarrollo.

 

a. Un buen sistema debe proporcionar seguridad de largo plazo a los ciudadanos, defendiendo

sus ahorros y garantizando de ese modo su derecho a una jubilación digna.

b. Un buen sistema debe estimular el ahorro a largo plazo, y apoyar las iniciativas de

innovación productiva y de creación de empleos proporcionando recursos de inversión bajo

criterios exigentes.

c. Un buen sistema debe ser abierto, no excluyente, proporcionando incentivos basados en el

premio justo a los ciudadanos previsores.

d. Un buen sistema debe respaldar a los ciudadanos para que asuman los riesgos de la

innovación y el emprendimiento, sea que se desempeñen como empresarios, como

trabajadores o como independientes.

e. Un buen sistema debe recibir el respaldo legal e institucional del Estado, pero debe al mismo

tiempo liberarlo de presiones de grupo que le impidan atender a los más vulnerables en la

sociedad.

 

Es necesario aprender de la experiencia de estos 10 años para fortalecer el sistema de

pensiones y continuar mejorándolo.

 

Carla Lily V. Aguirre Zapata, Armando Álvarez Arnal, Iván Arias, Hernán Arias Durán, Édgar

Arias Alcázar, Pablo Artero Pereira, Luis Azurduy, Rafael Badani Lenz, José Baldivia Urdininea,

Josep M. Barnadas, Ronald Bedregal Tejada, Gerardo Bustillos, Víctor Hugo Cárdenas, Aníbal

Enrique Castillo, Manuel Contreras, Pablo Cuba Borda, Sergio Daga Mérida, Ramón Daza

Rivero, Marcos Rolando Escalante Eduardo, Carlos H. Fernández Massi, Raúl Gamarra,

Marcelo González Yaksic, Benjamín Grossman P., Carolina Gutiérrez, Grover Illanes Miranda,

Roberto Laserna, Armando Leygue Alba, Eduardo Mazzi, Armando Méndez Morales, Nelson

Mendoza, Fernando Messmer, Carlos Miranda, Fernando Molina, Juan Antonio Morales, Henry

Oporto, Franz D. Oporto Castro, Napoleón Pacheco, Sergio Pareja, Dante Pino, Luis Prudencio

Tardío, Ximena Rada, René Rivera, Raúl Rivero Adriázola, Marisol Rodríguez, Zandra

Rodríguez, Carlos Siles Renjel, Juan Cristóbal Soruco, Lionel Taboada, Bernardo R. Valdivia

Baldomar, Juan Néstor Velasco Granier, Ana María Vidal Zapata, Francesco Zaratti, Marco

Zelaya.

En torno al referendo revocatorio y otros asuntos más graves.

Hacer de tripas corazón

Juan Antonio Morales

 

Votar o no votar

El referendo revocatorio convocado para el 10 de agosto no termina de convencer a los que no

son oficialistas. El temor es que nada bueno saldrá de él, además de las circunstancias

irregulares que lo rodean. Sin embargo, habrá que hacer de tripas corazón votando. El peor

error que se podría cometer sería el de abstenerse o boicotear el referendo. Las consecuencias

serían todavía peores.

 

El Presidente de la República tiene razón al señalar que en el referendo no se trata de escoger

personas sino entre dos modelos de país. Añadiría, más bien, dos visiones de país. La primera

es de un país moderno, de economía de mercado, plenamente integrado al comercio

internacional y a los movimientos internacionales de capital, con respeto a los derechos

humanos, incluyendo el derecho a la propiedad privada. Son componentes claves de esta

visión la inclusión y el combate a toda forma de discriminación. Es también central un arreglo

institucional con más descentralización de las decisiones y transferencia de responsabilidades

al sector privado en materia de producción y de inversión, así como a los gobiernos

subnacionales, departamentales y municipales, en lo que se refiere a las políticas públicas,

dando plena vigencia a las autonomías. La construcción institucional ocupa un lugar de

privilegio en esta visión, en la que se insiste en las prerrogativas de los poderes Legislativo y

Judicial, y en el reforzamiento de instituciones que deben tener un horizonte de largo plazo

como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y la

Contraloría General de la República.

 

La máquina de tiempo

La visión opuesta, que es la del presidente Morales y del MAS, preconiza el retorno de políticas

económicas arcaicas, como el capitalismo de Estado de entre 1952 y 1985, o para ir todavía

más lejos con la máquina de tiempo, a los ayllus precolombinos (a la social-arqueología como

dice tan bonitamente Harold Olmos). Las nacionalizaciones seguirán ocupando lo mejor de la

escasa capacidad administrativa del Gobierno, a pesar de que hasta ahora no hay un

argumento de peso para justificar la nacionalización de Vinto, ENTEL y las petroleras. El último

intento es el de estatizar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) dejando

desamparados, o por lo menos desinformados, a sus ahorristas.

 

El mejor ejemplo de administración estatal es la refundada YPFB. En vez de una empresa

petrolera que tenía que ser el portaestandarte del nuevo modelo de desarrollo, se tiene una

caja negra que nadie sabe lo que pasa en su interior, que es incapaz de atraer a personal

calificado y que no es sujeto de crédito, lo que es por lo menos sorprendente, dado lo boyante

que está el mercado de energía.

 

El extremo nacionalismo en las relaciones internacionales es otra de las políticas en esta

visión. Bolivia se aísla de los tratados preferenciales de libre comercio para ingresar a un

acuerdo de regionalismo cerrado como es el Alba-TCP, cuyos beneficios, fuera de los cheques

venezolanos, están por verse. Se ha vuelto a usar políticas obsoletas como aquella de las

restricciones cuantitativas al comercio exterior, del tipo prohibiciones de exportación, y otras

políticas similares “mercado internistas.”

 

La destrucción de las instituciones ha sido casi completa. Es así que de ha descabezado al

Tribunal Constitucional y se le ha quitado credibilidad a la Corte Nacional Electoral. Se le ha

restado también credibilidad a la Asamblea Constituyente, al hacerla aprobar al galope un texto

constitucional que estaba todavía a medio cocer.

 

El retorno al pasado no está solamente en el diseño de las políticas públicas. Lo está también

en la práctica, con las modalidades populistas de reparto de recursos públicos como en la

época del general Barrientos en los años sesenta. Se reparten cheques venezolanos con gran

generosidad y sin ninguna garantía de que sean bien empleados. En cambio, no se cumplen

las tareas básicas de un Estado moderno como el mantenimiento del orden, la libre circulación

y la preservación del poder adquisitivo de la moneda nacional. Los abominables linchamientos

continúan, así como la inseguridad en las calles, la inflación y los desabastecimientos.

 

El exiliado de la razón

La cortedad de la visión de espejo retrovisor nos está haciendo desaprovechar el extraordinario

contexto internacional. El economista argentino Mario Brodersohn intitula a uno de sus

magníficos informes “Frente a la oportunidad internacional más excepcional de la historia

argentina.” Parafraseándolo, podemos decir que estamos también frente a la oportunidad

internacional más excepcional de la historia boliviana, y la estamos desperdiciando. Tan mal

estamos aprovechando esa oportunidad que las tasas de crecimiento de nuestro PIB 2006-

2007 han estado muy por debajo del promedio latinoamericano y que la tasa que se anuncia

para este año si bien alta, lo será con la producción de San Cristóbal, que explica un tercio de

ella, pero que no habrá de continuar a ese ritmo toda vez que esa mina ya esté funcionando

casi a plena capacidad instalada. Se tratará una vez más de un crecimiento “fuego de paja”:

brillará un ratito pero se apagará pronto (nunca mejor dicho además, porque sólo quedará paja

para quemar alrededor de la mina citada, ya que ésta ha de consumir toda el agua subterránea

escasamente disponible en la región.) A cambio del enclenque crecimiento, lo único que

estamos importando, y bien, del pródigo contexto internacional, es la inflación.

Lo peor de todo está empero en los insultos cotidianos a la inteligencia. Me contaba un colega,

al regresar de Washington, que había encontrado a un distinguido venezolano que radicaba

allá, quien le dijo que no era un exiliado político ni económico, sino que lo que había hecho era

huir de la estupidez de su país. Cuidado, que nos está pasando lo mismo.

 

Juan Antonio Morales es profesor de la Universidad Católica Boliviana y ex presidente del

Banco Central de Bolivia.

 

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